La verdad sobre la guerra sucia en México
Se hizo público uno de los más completos informes sobre la guerra sucia que se cobró víctimas durante años entre activistas antigubernamental y tras la cual la sospecha generalizada es que estaba la larga mano del PRI.
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que conforma la Comisión de la Verdad, publicó un informe de 5.000 páginas titulado “Fue el Estado”, sobre el papel de las autoridades mexicanas durante la guerra sucia, un periodo de represión incluido entre 1965 y 1990.
En aquellos años, el PRI seguía al poder, manteniendo su hegemonía durante décadas. Tal y como explican sus autores en el informe que se puede consultar en línea, el Estado en ese periodo ejerció violencia contra diversos grupos, comunidades y pueblos, castigando a cualquier disidente político y social de carácter socialista.
De hecho, tras dos años de investigación, más de 1.000 testimonios recogidos por todo el país y el análisis de un centenar de documentos, el estudio revela graves violaciones de derechos humanos en contra de: “movimientos y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas movimientos urbano-populares, periodistas, comunidad LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, luchas contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, personas y grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo, entre otros”, recita el documento.
En sus conclusiones generales los expertos admiten que el Estado mexicano a principio de los años '60, “influenciado por la Doctrina de Seguridad Nacional y la figura del enemigo interno” se convirtió en un Estado contrainsurgente, aplicando estrategias generalizadas de disciplinamiento social que acabaron con una violencia sistémica.
Los responsables fueron todos los niveles del gobierno: del Ejército mexicano, al poder ejecutivo, de los policías locales a otros organismos del estado como el Instituto Nacional de Migración, o la Suprema Corte de Justicia. “En el ámbito internacional implicó también agencias extranjeras de seguridad e inteligencia de diversos países”, afirman.
Para entender la magnitud del fenómeno, el informe detalla datos. En primer lugar, la guerra sucia estaba extendida a todo el país, no solo en la Ciudad de México o en el estado de Guerrero, donde surgieron dos célebres guerrillas, como la de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, tal y como recuerda el diario El País México.
En al menos 17 estados, los expertos identificaron masacres durante esos años. Por número de víctimas, sobresale Puebla, con 91, seguida por Chiapas (61), Sinaloa (44). Los menos afectados, Chihuahua y Veracruz, con 3 víctimas cada una.
Imagen: captura de pantalla del informe
Asimismo, contabilizaron 46 episodios de masacre, un término con el que hacen referencia a un evento en el que fueron ejecutadas de manera extrajudicial 3 o más personas. Las víctimas ejecutadas e identificados en los 46 eventos fueron 385.
Sin embargo, estos datos no son definitivos y los números podrían aumentar tras la publicación de un segundo informe de la comisión, que verá luz en las próximas semanas.
Más allá de las masacres, el estudio contabiliza al menos 8.594 víctimas de graves violaciones de derechos humanos: entre estas figuran detención arbitraria, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura sexual.
El régimen de terror ante tanta masacre y violencia en algunas zonas obligó la población a dejar sus casas y sus trabajos para huir de la represión. Los expertos también cuantificaron esta tragedia: identifican al menos 113 eventos de desplazamiento forzado interno con hasta 123.034 personas que abandonaron su hogar.
Por región, el Estado de México fue el más afectado con más de 40.000 víctimas de desplazamiento forzado, seguido por Guerrero (30.107) y Chiapas (23.507).
Imagen: captura de pantalla del informe
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La masacre más famosa fue la de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Miles de estudiantes se manifestaron aquel día, tras varias jornadas de concentraciones, contra la opresión del gobierno. La represión de las autoridades fue brutal: unos francotiradores del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del Gobierno mexicano, dispararon contra miles de personas en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Después del hecho, las autoridades limpiaron la zona de la masacre. Por este motivo y por la censura del Gobierno, nunca se pudo saber con precisión la cantidad de víctimas de aquella matanza, aunque se estiman que fueron entre 300 y 400.
Más allá de ese episodio, el informe recopila otros eventos menos conocidos, como la masacre de campesinos e indígenas perpetrada por terratenientes en colaboración con elementos del ejército en Monte Chila, en el municipio de Jopala, Puebla. Ocurrida en enero de 1970, dejó al menos 50 muertos.
Imagen: captura de pantalla del informe
Cuatro años después, en Yahualica, Hidalgo, los militares ocuparon la zona con violencia para perseguir a los integrantes de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), una organización político-militar de Guadalajara. Las víctimas fueron campesinos, población indígena y afromexicana de la zona. Las violaciones de derechos humanos fueron múltiples: ejecución arbitraria, detención arbitraria, tortura...
Las violaciones de derechos humanos también se perpetraban contra ciudadanos que se oponían a las obras públicas del estado: 4.581 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado tras oponerse a la construcción de la presa Vicente Guerrero o “Las Adjuntas”, en Padilla (Tamaulipas).
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Tampoco hubo piedad por los civiles que vivían cerca de zonas afectadas por el narcotráfico. El 8 de abril de 1971, en El Realito (Badiraguato, Sinaloa), conocido por ser el pueblo de Joaquín El Chapo Guzmán, “un pelotón compuesto por diez elementos del 34° Batallón de Infantería masacró a 16 civiles y produjo 12 heridos que se habían reunido para celebrar un bautizo”, explica en informe. En total, 28 personas fueron masacradas por el Ejército.
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Tras años de retraso e investigaciones fallidas y en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con este informe por fin emergen las violaciones que durante muchos años las autoridades han intentado esconder y silenciar.
El titular del informe evoca una frase repetida al unísono por las víctimas de otra masacre, que se cumplió en el México actual: el caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes rurales, que este septiembre cumplirá 10 años: "Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa".
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