Un error judicial deja sin condena a una red que captaba mujeres en Perú

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a ocho individuos acusados de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, tras hallar irregularidades en la recopilación de las pruebas clave, según informa El País. Los errores en la obtención de evidencias resultaron determinantes para el veredicto final del caso, a pesar de los indicios consistentes que apuntaban hacia su culpabilidad.

La organización criminal reclutaba mujeres vulnerables de Sudamérica, especialmente de Perú, para que transportaran cocaína desde Sudamérica hasta España. Este proceso incluía la confección de trajes especiales y la formación para la ingesta de cápsulas de estas sustancias.

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El caso reveló una red compleja que operaba desde el reclutamiento de mujeres en sus países de origen, a través de la coordinación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, hasta la introducción efectiva de la droga en España, con la ayuda de funcionarios corruptos y otros colaboradores.

Las redes de tráfico en el aeropuerto internacional de Madrid no son novedad. En marzo de 2023, agentes de la Policía Nacional de Castellón detuvieron a 13 personas consideradas integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyos miembros fueron localizados en Madrid, Valencia y en cuatro pueblos de Castellón, según El Mundo.

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En este caso, la organización enviaba la droga desde Perú a través de personas que trabajaban como "mulas" para la organización y traían la droga a España en avión, donde llegaban como turistas. Estas personas recibían grandes sumas de dinero por este transporte.

En el caso de Barcelona, la policía solicitó la instalación de un dispositivo de audio en el coche de Martina, pero la grabación en el coche no se ajustó a la ley. 

Según El País, la instalación debía estar justificada por reuniones específicas y datos esenciales, ya que la ley establece más restricciones para la grabación de audio en vehículos que para las intervenciones telefónicas.

La nulidad de las pruebas de audio implicó que otros elementos de la investigación, como los registros domiciliarios realizados con base en esas pruebas, también fueran considerados inválidos. Esto resultó en la desintegración del caso y la absolución de los acusados.

Aunque la principal acusada, Martina, fue absuelta de los cargos de tráfico de sustancias ilegales, fue condenada a seis años y ocho meses de cárcel por otros delitos como favorecimiento de la inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Además de la condena, Martina y otro acusado deberán indemnizar a una de las víctimas con 20.000 euros (unos 21.600 dólares) por los daños sufridos. Esta víctima había sido forzada a la prostitución y sufrió estrés postraumático a causa de su explotación.

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