Polémica ley en EEUU para condenados por violación o abuso
En una reciente movida legislativa que ha suscitado amplio debate, el Estado de Luisiana ha aprobado una normativa controvertida con el respaldo mayoritario del Senado y del Congreso, ambos dominados por el partido republicano.
La normativa en cuestión, en vigor desde el 1 de agosto, prevé que los jueces puedan condenar a la castración quirúrgica a aquellos condenados por delitos de violación, abuso sexual o incesto contra menores de 13 años.
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Se trata del primer estado en el país que prevé este tipo de pena, aunque tal y como explica el diario El País, otros 10 estados permiten la castración química para p e d ó f i l o s, como California, Florida y Texas. Una medida que raramente se aplica.
De hecho, mientras la castración química utiliza medicamentos que bloquean la producción de testosterona para disminuir el deseo sexual, en el caso de la quirúrgica el proceso es más invasivo.
Foto: Marcel Scholte / Unsplush
Según la definición del Instituto Nacional de Cáncer, la dependencia principal del gobierno de los Estados Unidos para la investigación de tumores, el procedimiento consiste en la “extracción de los testículos (orquiectomía) o los ovarios (ooforectomía) mediante cirugía para frenar la producción de hormonas sexuales”.
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La nueva ley establece además que un médico tiene que “determinar si el culpable es un candidato apropiado” para la castración. Y se puede aplicar tanto a hombres como a mujeres, al final del cumplimiento de su pena.
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La normativa también prevé que, en el caso en que el detenido se niegue, podría verse aumentar su pena entre tres y cinco años más. Se aplicará solo a los delitos cometidos posteriormente la aprobación de la norma.
Esta medida es típica de países con gobiernos muy estrictos contra el crimen: entre estos, El País destaca Nigeria y República Checa.
Luisiana era uno de los estados que preveía la castración química desde 2008 para los condenados en este tipo de delitos. Sin embargo, según fuentes citadas por AFP, desde 2010 hasta 2019 solo se practicó en un par de casos.
Según los datos recopilados por la agencia francesa, en Luisiana 2.224 personas están encarceladas por este tipo de delitos.
Tras la aprobación por parte del parlamento, la normativa ha sido firmada por Jeff Landry, el gobernador ultraconservador del estado que ha aprobado en los últimos tiempos varias leyes muy polémicas como las normas antitrans.
Además, ha reclasificado las píldoras abortivas como sustancias peligrosas y ha introducido la asfixia de nitrógeno como nuevo método de ejecución.
La norma sobre la castración quirúrgica no ha sido acogida bien por todos. Muchas asociaciones temen que se pueda generar un efecto contagio en el país y que otros estados acaben adoptando una norma tan radical.
Muchos también alegan que el endurecimiento de las penas no siempre es acompañado por una disminución de los delitos y que se trata de una sanción cruel.
Como relata el diario El País, durante el debate en parlamento sobre la norma, el senador demócrata Ed Price puso en duda esta medida irreversible en un estado que tiene uno de los índices más altos de condenas erróneas del país y muy a menudo con claro sesgo de discriminación racial.
Si bien la mayoría de los votos procedieron de las filas demócratas, las autoras y promotoras de la ley fueron una congresista y una senadora demócrata: Delisha Boyd, cuya madre fue víctima de estupro y quedó embarazada, y Regina Barrow, que la ayudo en redactar la norma.