México ha exigido que Estados Unidos reconozca el papel de su industria de armas en el contrabando de armas para los cárteles al sur de la frontera.

El Gobierno mexicano presentó en 2021 una demanda de 10.000 millones de dólares contra algunos de los mayores fabricantes de armas estadounidenses.

Un juez de un tribunal inferior desestimó el caso en 2022, alegando que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los fabricantes.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones de Boston revivió el caso en enero de 2024, lo que permitió al gobierno mexicano continuar con la demanda.

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Según Reuters, los jueces de apelación creen que la demanda se enmarca dentro de las excepciones de la PLCAA, que protege a los fabricantes de las consecuencias del uso indebido de armas.

México está demandando a varios de los fabricantes de armas más destacados del país, incluidos Smith & Wesson, Beretta, Glock, Colt y Ruger.

La ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, calificó el fallo como "una gran noticia" en su cuenta de X (Twitter). Sin embargo, ese mismo día exigió una investigación por un tema diferente.

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Según AP News, la ministra mexicana pidió a Estados Unidos que investigue cómo las armas de grado militar estadounidenses están terminando en manos de los cárteles.

La agencia de noticias dijo que el ejército mexicano incautó, entre 2018 y 2023, 221 ametralladoras, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes de los cárteles.

Los pesados arsenales no superan el armamento de las Fuerzas Armadas, pero sí se están convirtiendo en un desafío para otras fuerzas del orden mexicanas.

Sin embargo, el problema más importante para México, según AP News, son los rifles semiautomáticos que están permitidos para uso civil en Estados Unidos y que se introducen de contrabando a través de la frontera.

Las armas estadounidenses, mucho más fáciles de obtener que en México, son esenciales para los cárteles y un importante impulsor de la violencia de los cárteles, según el Gobierno.

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Por eso, en 2022, el Gobierno mexicano presentó una segunda demanda contra vendedores de armas en estados fronterizos por supuestamente proveer a revendedores que luego las ponen en manos de contrabandistas.

Según Reuters, el Gobierno mexicano afirma que unas 880.000 armas entran ilegalmente a su país a través de la frontera con Estados Unidos cada año.

Eso significa que alrededor del 2,2% de los 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos atraviesan la frontera ilegalmente.

De ellas, el 68% (más de medio millón de armas) son fabricadas por las empresas que ahora enfrentan la demanda del Gobierno mexicano, explica Reuters.

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