Las imágenes del violento asalto al poder en Brasil que Lula logró frenar

Brasilia. Domingo 8 de enero. Cientos de extremistas simpatizantes del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, se lanzan a un enloquecido asalto a los edificios de las principales instituciones del país.

La turba bolsonarista, luciendo los colores patrios (verde y amarillo), se subió al tejado del Congreso Nacional, rompió vidrios y muebles de numerosos edificios públicos, quedaron dañadas obras de arte y hubo serios enfrentamientos con la policía.

La acción fue coordinada dentro de un plan previamente ideado. Los descontentos con la victoria de Lula en la presidenciales llegaron Brasilia en automóviles y autobuses 24 horas antes, el sábado 7 de enero.

Gran parte de esta masa golpista llevaba semanas concentrada (e, incluso, acampada) frente al cuartel principal del ejército en Brasilia, exigiendo una intervención militar que no llegó. A apenas 7 kilómetros, la simbólica Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, donde se concentran las principales sedes del legislativo, judicial y ejecutivo. Allí se desataron los disturbios.

La organización de este asalto violento fue planificada días antes y había serios indicios de que iba a producirse, pero el refuerzo policial enviado por el gobierno del Distrito Federal fue insuficiente.

El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, fue destituido de su cargo por el gobernador del DF, Ibaneis Rocha. Un gesto con el que Rocha, muy próximo a Bolsonaro, trata de distanciarse de la violencia política desatada.

Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, se encuentra en Estados Unidos, donde también se encuentra el expresidente, desde el pasado 31 de diciembre.

El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, cuya actuación resultó tibia y tardía, fue destituido por 90 días, según anunció el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes.

El gobierno de Lula sospecha connivencia entre los manifestantes violentos y el gobernador del Distrito Federal de Brasilia.

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, dijo que“sólo podían darse con la anuencia, e incluso participación efectiva, de las autoridades competentes en materia de seguridad pública e inteligencia, ya que la organización de las supuestas manifestaciones era un hecho notorio y conocido, que fue divulgado por los medios brasileños".

Hay varias imágenes donde se puede ver que la policía militar del DF, encargada de la seguridad de los inmuebles, no contuvo la invasión. Algunos incluso se tomaron fotos amistosas con los asaltantes.

Las imágenes de vandalismo contra instituciones democráticas se sucedieron durante horas y horas.

Los insurrectos utilizaron piedras, palos y trozos de madera de todo tipo para destruir las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede de la presidencia de Brasil.

Claramente, los asaltantess tenían la intención de saquear y hacer el mayor daño posible a los inmuebles de la administración.

El fondo del asunto es el empeño de los bolsonaristas en no aceptar los resultados de las elecciones: exigen al ejército que de un golpe de Estado que derroque a Lula.

Entre las consignas más repetidas: "Dios sobre todo" y "Dios, Patria, Familia".

La invasión de las instituciones resultó un juego sencillo para los manifestantes.

Incluso con la llegada de más fuerzas de seguridad, los asaltantes no cejaron en su empeño. Y vehículos policiales resultaron dañados.

En las redes sociales y los medios brasileños circulan imágenes de un policía a caballo siendo atacado y derribado por la turba.

Los inmuebles públicos quedaron a merced de los invasores, hasta que finalmente fueron desalojados por la Fuerza Nacional durante la noche del domingo.

Con el paso de las horas, más de 300 personas fueron detenidas y se identificó a los financiadores de los viajes. Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, la pena por el delito cometido puede ser de más de 20 años de prisión.

El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes garantizó: "Serán castigados los viles atentados terroristas contra la democracia y las instituciones republicanas, así como los financiadores, instigadores y agentes públicos conspiradores anteriores y actuales".

Ante la grave situación, el presidente Luis Inácio Lula da Silva decretó la intervención del gobierno central en el Distrito Federal.

El decreto forma parte de la Constitución de 1988 y puede utilizarse cuando exista, entre otros factores, "grave alteración del orden público". Dispone que el Gobierno central puede intervenir en las competencias de otros estados.

En un discurso a la nación, el presidente Lula condenó los actos terroristas en Brasilia: "Esta gente, estos vándalos, que podríamos llamar nazis fanáticos, fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se había hecho en la historia de este país".

Y continuó: "Es necesario que estas personas sean castigadas de manera ejemplar, para que nadie se atreva jamás, con la bandera nacional en la espalda o con la camiseta de la selección brasileña, a fingir ser patrio0ta, a fingir ser brasileños".

Lula culpó al expresidente, Jair Bolsonaro, de los hechos: “Este genocida no solo provocó esto sino, quién sabe, quizá lo estimula a través de las redes sociales”.

Jair Bolsonaro atacó varias veces al Supremo Tribunal Federal durante su gobierno, insultó al ministro Alexandre de Moraes y defendió la intervención militar. No aceptó las investigaciones del organismo sobre diversas denuncias contra sus aliados, incluida la difusión de noticias falsas.

Representantes de todo el mundo condenaron los incidentes violentos de Brasilia. Entre ellos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

“Usar la violencia contra las instituciones democráticas siempre es inaceptable. Estamos con el presidente Lula para pedir el fin inmediato de estas acciones”, dijo Joe Biden.

En representación de la Unión Europea, el embajador Ignacio Ybánez garantizó "el pleno apoyo a las instituciones brasileñas". La ONU también mostró su posición, a través del mensaje del relator Clement Voule: "Condenamos tales prácticas y cualquier intento de socavar el voto democrático en Brasil".

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