Los 10.000 soldados rusos de Puigdemont

Un juez de Barcelona instruye una causa a la que los medios han denominado 'caso Voloh' y que, de seguir adelante, podría poner en peligro la amnistía para Carles Puigdemont. Porque en dicho proceso judicial se apunta a una posible colaboración de Puigdemont con Rusia para lograr la independencia de Cataluña. Ello podría implicar un delito de traición, que conlleva hasta 20 años de cárcel.

El magistrado Joaquín Aguirre tiene sobre la mesa indicios sobre contactos entre el entorno de Puigdemont y gente cercana a Putin. Incluso, según publicó el diario El Mundo en su momento, habría habido una oferta del Kremlin para enviar 10.000 soldados rusos a Cataluña y defender la independencia del nuevo país surgido de su secesión con España.

También se incluye en la documentación de este caso una información sorprendente. Según la Guardia Civil (cuerpo que llevó a cabo la investigación), un emisario del Kremlin adelantó a un colaborador de Puigdemont que Rusia iba a invadir Ucrania. Sucedió en 2017, cuatro años antes de que se produjese la ofensiva rusa en territorio ucraniano.

Si la información de la Guardia Civil es buena, resulta destacable que tal vez supiera antes Puigdemont que Biden de las intenciones invasoras de Putin.

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La Guardia Civil basa sus conclusiones en conversaciones interceptadas a varios colaboradores de Puigdemont (sobre todo a Victor Terradellas y Josep Lluís Alay, especializados en relaciones exteriores del independentismo). En esas conversaciones el juez ve indicios de que hubo una negociación real para que Rusia entregase dinero a Cataluña y apoyase su independencia.

Aunque el juez no ha concretado, muchos analistas hablan ya de la posibilidad de que Puigdemont y sus colaboradores cometiesen un delito de traición (que, según la Wikipedia, "engloba los delitos de inducción a la guerra, favorecimiento del enemigo, espionaje y declaración de guerra o firma de paz en contra de lo dispuesto en la Constitución española de 1978"). Las penas por esos delitos pueden llegar a 20 años de prisión.

Pero en el ámbito progresista hay muchos que opinan que la trama rusa es una mera especulación y que no hay pruebas sólidas de que hubiese una conspiración del independentismo para entregarse a Rusia, más allá de que se produjeran reuniones con presuntos emisarios del Kremlin.

Muchas de las conclusiones de la Guardia Civil (como la de los 10.000 soldados rusos que desembarcarían en Barcelona) solamente se sostienen en conversaciones informales mantenidas por teléfono entre algunos de los investigados. No hay prueba documental alguna más allá de eso.

Curiosamente, según informó en su momento la cadena SER, el juez García Castellón (que persigue con empeño sentar en el banquillo a Puigdemont por delitos de terrorismo) rechazó que la llamada trama rusa fuese investigada en la Audiencia Nacional. Le pareció que había una evidente "falta de pruebas".

Para la derecha, lo que García Castellón o el magistrado Joaquín Aguirre hacen es, simplemente, aplicar la ley. Para la izquierda y el independentismo, se trata de un modo ilegítimo de interferir en la política, buscando evitar que se aplique a amnistía impulsada por Pedro Sánchez.

Mientras la amnistía sigue su sinuoso camino por Congreso y Senado (con tropiezos, dilaciones y tensión), las investigaciones judiciales no se detienen. El objetivo: que Puigdemont pague por el procés.

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Lo cierto es que para gran parte de la opinión pública española, así como para la derecha judicial y política, el regreso a España de un Puigdemont amnistiado y listo para volver a competir por la presidencia de la Generalitat sería un golpe durísimo.

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