Más protestas en México contra la reforma judicial

Mientras el presidente López Obrador se aproxima a empezar el último mes de mandato, las protestas contra su último objetivo, la aprobación de la reforma judicial, no paran de crecer.

La inclusión de la elección popular de los jueces y magistrados ha hecho estallar la ira de los trabajadores del organismo ante la incertidumbre sobre su carrera laboral y su futuro: si la reforma se aprobara, se estima que deberían renovarse alrededor de 1600 cargos en 2025.

Asimismo, tal y como recoge el diario El País México, esta nueva norma prevé reducir el número de ministros de la Suprema Corte y, si prosperara en el Congreso, ningún magistrado o ministro de la Corte podrá tener un sueldo mayor del que recibe el presidente de la República.

Los trabajadores del organismo manifestaron su malestar, bloqueando en estos días el acceso a los juzgados en el edificio del Gobierno, tanto en la capital como en otras ciudades del país. Además, han anunciado una huelga indefinida a la que se han sumado alrededor de una veintena de estados del país.

Con este paro, los trabajadores del sector piden al gobierno negociar la normativa y aseguran que lo mantendrán hasta no alcanzar el resultado esperado. Por su parte, el Ejecutivo amenaza con despidos o recortes de sueldo a quienes se sumaran a la huelga.  Según El País México, serían ya más de 55.000 los trabajadores en huelga en todo el país.

Con el objetivo también de recortar gastos, la reforma incluye además la supresión de órganos autónomos, que realizan funciones de manera independiente y al margen de los poderes del estado, garantizando la imparcialidad de los procesos.

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Entre estos organismos destaca, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esto ha preocupado a muchos expertos, ya que representa una herramienta de control del poder Ejecutivo y de rendición de cuentas.

Imagen: captura de pantalla de X del INAI

Esta medida también ha sido criticada por los trabajadores del sector y por los expertos, ya que lo consideran un retroceso democrático y ante el temor de que el Gobierno ejerza mayor control político.

Por esta huelga, que Amlo califica de ilegal, en unos 1.200 juzgados se están ofreciendo solo servicios mínimos, para atender los casos más urgentes.

A día de hoy, López Obrador no da ni un paso atrás. Sigue defendiendo firmemente su reforma, asegurando que contribuirá a eliminar cualquier forma de corrupción en el poder judicial.

Una certeza que ha sido puesta en duda por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, que recientemente ha afirmado que el voto directo de los jueces representa “un riesgo para la democracia en México”, agregando que no servirá para erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Unas palabras que le ha costado la suspensión de las relaciones con el país.

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Ante las críticas sobre la profesionalidad y la integridad de los jueces elegidos por voto popular, en su tradicional mañanera Amlo advirtió de que el único requisito es ser abogado: “Y que sean elegidos por el pueblo para que actúen con rectitud. Tampoco es tan complejo el derecho. Ya hay tesis, jurisprudencia, leyes, constituciones…Lo que se estudia, lo que se ve en la facultad de derecho. Con eso…Y con integridad”, ha afirmado. 

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