No hay perdón para Puigdemont

La amnistía se le resiste a Carles Puigdemont. La noticia de este 1 de julio era que el Tribunal Supremo considera que el ex president no es amnistiable ya que, según interpretan los magistrados, la ley de amnistía no incluye la malversación de la que se le acusa.

Estirando el chicle de lo interpretable jurídicamente, la Sala Penal del Tribunal Supremo sostiene que hubo "ánimo de lucro" cuando Puigdemont destinó dinero público al referéndum del 1-O.

Según recogen en el diario El País, el Tribunal Supremo dice que "el que se apodera de bienes ajenos —en este caso, patrimonio público— comete un delito, aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista".

En realidad, la redacción de la ley lo que pretendía es excluir de la amnistía a quienes se hubieran metido en el bolsillo dinero público. Así que, para que Puigdemont no se vaya de rositas, el Tribunal Supremo hace una creativa interpretación y le convierte en un malversador que se lucró. Lo cual resulta, dicen Fiscalía y Abogacía del Estado, incierto.

La interpretación del Supremo (discutida por otros juristas) va en la línea de lo que pretende el juez Llarena (en la imagen), el gran perseguidor de Puigdemont. Llarena insiste en castigar por la vía penal el procés pasando por encima de la ley de amnistía o, al menos, buscando resquicios normativos para hacerlo.

Además, el Tribunal Supremo incluye en la lista de "no amnistiables" a otros fugados como Toni Comín y también se niega a revocar la inhabilitación para cargo público que pesa hasta 2030 y 2031 sobre Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Oriol Junqueras.

Así que, de momento, los jueces condenan a Puigdemont a seguir viviendo en ese destierro en Waterloo que se inició en 20717 tras su huída después del referéndum de independencia de Catalunya convocado por su gobierno.

Son muchos los analistas que ven una jugada de carácter político en este tipo de decisiones del Tribunal Supremo. Tertulianos y columnistas  de la izquierda suelen hablar del "partido de los jueces" que estaría en abierta oposición al gobierno progresista. En la imagen, edificio del Tribunal Supremo en Madrid.

Insistir en la persecución a Puigdemont y no permitir su regreso con normalidad supone interferir en la política catalana y, concretamente, en los intentos del socialista Salvador Illa por convencer a Esquerra Republicana de Catalunya para que le haga president.

Si el independentismo se ve perseguido, no hay incentivo alguno para pactar con el PSC de Salvador Illa. Y un fracaso de Illa sería un fracaso de Pedro Sánchez, cuya gran apuesta es la normalización de la política en Cataluña.

Puigdemont no tardó en contestar al Tribunal Supremo califiándolo en X (ante Twitter) de 'Toga Nostra', haciendo un juego de palabras con la Cosa Nostra, uno de los nombres de la mafia.

Los jueces conservadores ponen trabas a la amnistía y la partida política se complica. Puigdemont, de momento, seguirá en Waterloo.

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