Los horrores de la 'Industria de Adolescentes con Problemas'

La industria de los adolescentes con problemas en Estados Unidos consiste en una red, financiada por el gobierno, que engloba elementos como campamentos, programas al aire libre, internados terapéuticos, instalaciones residenciales para tratamientos y viviendas comunitarias para adolescentes.

Medios como 'The New York Times', 'BBC' y 'The Guardian', e investigadores y autoridades gubernamentales, han documentado el abuso y las amenazas violentas a los que los trabajadores de estos programas someten a los usuarios menores de edad.

Muchos de estos adolescentes se encuentran a miles de kilómetros de sus hogares y son enviados a estos programas, a través del sistema judicial para menores, agencias federales, profesionales de la salud mental, distritos escolares o los propios padres.

Según han explicado muchas de las víctimas entrevistadas por medios y organizaciones, el comportamiento abusivo empieza desde el principio con el traslado de los adolescentes.

Los padres tienen la opción de contratar a empresas de transporte que simulan el secuestro de los adolescentes, atándolos con esposas o cuerdas, o consiguen llevarles engañados a estos lugares, algunas veces incluso cruzando las fronteras entre estados.

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Las víctimas también describen haber recibido en estas instalaciones "tratamientos de ataque" y otras formas abusivas de "terapia" sin ninguna base científica.

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Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, conocida como GAO, los trabajadores de algunos de estos programas residenciales para jóvenes a menudo utilizan el aislamiento y el confinamiento como castigo.

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En el informe también se hace mención al uso de las tácticas de sujeción violentas y con falta de profesionalidad empleadas con los menores, que han tenido como resultado lesiones que van desde fracturas hasta el fallecimiento de las víctimas por hemorragia interna.

Se han documentado casos en los que el maltrato físico se ha llevado a cabo a través de la falta de sueño y de la desnutrición, la deshidratación, las caminatas con temperaturas muy altas y con cargas pesadas, por la falta de higiene o incluso mediante la realización de trabajos forzados.

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La GAO también informó de algunos casos en los que los trabajadores de estos centros residenciales no proporcionan a los jóvenes asistencia médica. Los legisladores encargados de poner medidas en el asunto señalaron que lo mismo ocurría con la educación.

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En el informe se analizaban con detalle los casos de diez adolescentes que habían fallecido en estos programas entre 1990 y 2004. La GAO encontró pruebas de que se habían producido malos tratos y negligencias.

Una investigación del periódico 'The Salt Lake City Tribune' demostró que en centros de este tipo, en el estado de Utah, se habían despedido o aceptado las dimisiones de hasta 13 personas por malos tratos y abusos sexuales entre 2018 y 2021.

Abogados, organizaciones, legisladores y expertos que investigan la industria creen que el problema más importante que ha permitido llegar a esta situación ha sido la falta de regulación federal y de control.

Las pocas directrices de estos programas varían de un estado a otro y no están muy claras. Una parte de los programas dentro de esta industria está supervisada por entes privados, como los programas de terapias a la intemperie, aunque no es de carácter obligatorio.

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Según 'The Guardian', el Centro de Investigación de la Salud y el Comportamiento al Aire Libre fue creado en los 90 para evitar los abusos y malos tratos documentados por las autoridades estatales y las víctimas. Aun así, solo 22 de los cientos de programas que existen están certificados por esta entidad.

Según un grupo bipartidista de Senadores, que trabaja en la elaboración de una ley que legisle la industria, entre 120.000 y 200.000 adolescentes están viviendo en centros residenciales para jóvenes o participando en estos programas.

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Estos legisladores promueven el Acta para Detener el Abuso Institucional de los Menores (en inglés, SICA), que tiene como objetivo crear un Grupo de Trabajo Federal para los Programas Residenciales de Jóvenes y un estudio federal para comprobar su efectividad.

En la página web de la SICA se detalla que la industria recibe una cantidad estimada de 23.000 millones provenientes de los fondos públicos de forma anual y es responsable de la muerte evitable de 350 menores.

Por ahora, estos legisladores han registrado el acta en el Senado, pero no ha sido aprobada o debatida aún.

Utah tiene una de las legislaciones más extensas, ya que es uno de los estados con la cifra más alta de estos centros y programas a la intemperie. Paris Hilton fue una de las personas que luchó para promover este tipo de leyes al contar su historia de supervivencia tras pasar por uno de estos programas.

La ley fue aprobada en 2021, pero según el grupo de abogados de las víctimas que Paris Hilton apoya, no ha sido suficiente. Solo una regulación federal puede hacer cambios en esta macabra industria.

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